El Plan describe una base de avance para fortalecer la participación: Querétaro se ubica en un nivel medio-alto en gobierno abierto y registra un aumento de las interacciones con el gobierno por medios electrónicos, además de un desempeño relevante en el subíndice de participación ciudadana (2021), lo que sugiere condiciones para escalar mecanismos de participación más accesibles y verificables.
De cara a 2050, el Plan proyecta que la relación ciudadano–gobierno será cada vez más digital: estima alrededor de 890,108 personas adultas interactuando digitalmente con el gobierno y cerca de 279,556 realizando trámites completamente digitales. Este crecimiento, sin embargo, convive con tensiones que pueden erosionar la gobernanza si no se atienden: el Plan advierte que el bajo compromiso cívico puede obstaculizar la gobernanza urbana y agravar problemas estructurales, y que la combinación de desigualdad, violencia/discriminación y el encarecimiento del costo de vida puede ampliar brechas sociales y generar presiones como invasión de predios y asentamientos irregulares.
En respuesta, el horizonte de largo plazo apuesta por una democracia más cercana y medible a través de conectividad e interacción digital: que una parte amplia del territorio esté conectada al sistema digital estatal y que la mayoría de las interacciones ciudadano–gobierno sean digitales y queden registradas en una plataforma homologada para fortalecer transparencia, eficiencia y participación. Como grandes líneas, el Plan enfatiza extender la digitalización de la interacción social para procesar datos útiles en la toma de decisiones y promover alianzas orientadas a inclusión, participación cívica, justicia social y resolución pacífica de conflictos.
En la mesa, el mensaje central fue que la conectividad no debe presentarse como fin, sino como medio para lograr participación ciudadana efectiva. Por eso sugirieron ajustar el enfoque para poner a las personas al centro: medir no sólo acceso, sino calidad/velocidad, uso real y, sobre todo, la efectividad de las interacciones (tiempos, resultados y trazabilidad de respuestas), considerando además barreras de confianza y seguridad.
Para aterrizar las estrategias, insistieron en tener procedimientos probados y eficientes antes de digitalizar: contar con procedimientos eficientes y documentados para que la plataforma no amplifique fallas, y diseñar herramientas amigables y accesibles, con acompañamiento técnico en zonas con menores capacidades o acceso a dispositivos. También propusieron incorporar mecanismos concretos de participación —como presupuesto participativo—, fortalecer ejercicios democráticos y sumar alfabetización digital y cívica para evitar que la participación sea excluyente. Finalmente, recomendaron cuidar el lenguaje para que la digitalización se entienda como un instrumento de rendición de cuentas y predictibilidad (protocolos claros), evitar amarrar el texto a tecnologías específicas, ampliar el alcance de alianzas para incluir al sector social, y visibilizar explícitamente a niñas, niños y adolescentes y a poblaciones vulnerables en el diseño de estos mecanismos.
