El Plan parte de un diagnóstico en el que Querétaro se ubica en primer lugar nacional en el Índice de Estado de Derecho (2023–2024) y destaca en factores como ausencia de corrupción y derechos fundamentales; sin embargo, identifica una tensión estructural relevante: el estado mantiene un déficit de agentes del Ministerio Público y fiscales por habitante frente al promedio nacional, lo que puede presionar la capacidad de respuesta conforme crezca la demanda.
Las proyecciones hacia 2050 identifican no solo un aumento en la población y con ello la exigencia social por seguridad y justicia, sino que también se intensifican riesgos y tensiones que pueden desbordar el sistema si no se anticipan. Entre las más relevantes están la normalización de desigualdad, violencia y discriminación, el incremento de conflictos sociales y de violencias en espacios cotidianos (como violencia doméstica y escolar), la innovación del delito (incluidos delitos digitales) y los efectos del encarecimiento del costo de vida, que puede empujar a escenarios de mayor vulnerabilidad (indigencia, economías ilícitas, invasión de predios y asentamientos irregulares). También advierte riesgos específicos como el crecimiento de violencia contra las mujeres, violencia escolar asociada a tecnología sin acompañamiento educativo, brechas territoriales por lejanía institucional (especialmente en la zona serrana), una posible insuficiencia de fuerza operativa por menor incorporación de nuevas generaciones, y vulnerabilidades asociadas a la posición logística del estado ante mayores flujos.
En este contexto, el horizonte del Plan es sostener a Querétaro como la entidad más segura del país, con baja criminalidad y un mayor nivel de justicia, mediante una estrategia que combina la prevención y la reacción operativa a partir del análisis territorial de riesgos y la participación ciudadana, el mapeo y la difusión permanente de riesgos para anticipar amenazas y contingencias, y el fortalecimiento de la conectividad para la seguridad a través de tecnología, con un enfoque de derechos humanos, perspectiva de género y atención a grupos vulnerables.
En la mesa de especialistas, una de las ideas más reiteradas fue separar el planteamiento: un frente específico de seguridad (prevención y combate a la delincuencia) y otro de procuración/impartición de justicia y Estado de Derecho, para aclarar responsabilidades, evitar mezclar indicadores y afinar la visión (seguridad humana/ciudadana). En esa lógica, se sugirió trabajar con métricas medibles, por ejemplo, una meta de 60% de percepción de seguridad y un enfoque de cero impunidad como norte de política pública.
También subrayaron la necesidad de fortalecer condiciones de fondo: jueces imparciales, mayor seguridad jurídica y cierre de brechas de capacidad (incluyendo déficits de jueces/fiscales) mediante profesionalización y actualización institucional.
Finalmente, sobre cómo aterrizar las tres líneas del Plan, la mesa priorizó ajustes muyconcretos:
En prevención y reacción, mejorar la atención a víctimas y crear mecanismos de queja/seguimiento en fiscalías, con evaluación del servicio e indicadores de desempeño.
En mapeo de riesgos, actualizar y mantener un atlas de riesgos, fortalecer Protección Civil y el 911, y sostener una lógica de prevención y actualización continua de planes.
En tecnología y conectividad, impulsar capacidades tipo C2/C3/C4 municipales, acompañadas de regulación de IA y protección de datos, además de reforzar la coordinación de emergencias (por ejemplo, CRUM y conectividad hospitalaria).
