El Plan describe un sistema energético que ya está bajo presión y que deberá crecer con rapidez para acompañar el desarrollo urbano e industrial. Señala que la infraestructura de suministro eléctrico es de 1,200 MVA anuales y está en proceso de ampliación a 1,650 MVA anuales para 2027, con cinco subestaciones que atienden la demanda estatal. Al mismo tiempo, advierte que el crecimiento económico y poblacional se ha reflejado en un incremento importante de emisiones: entre 2000 y 2020 las emisiones de CO? equivalente aumentaron 97% (de 5.8 a 11.4 TgCO2e), y en 2020 el suministro de electricidad concentró una parte relevante de esas emisiones (28%), junto con transporte e industria.
En el diagnóstico también aparece una tensión clave de transición: aunque la generación distribuida ha crecido a un ritmo superior al promedio nacional, otras entidades avanzan más rápido y Querétaro perdió posiciones entre 2017 y 2022. En energías limpias a escala de sistema, el estado se mantiene con una participación baja de capacidad instalada, mientras que en el ámbito doméstico se observan señales de adopción: para 2020, alrededor de 2 de cada 10 viviendas utilizaban energía solar (y el uso de calentadores solares creció de forma notable), además de un aumento en viviendas con panel solar para electricidad.
Hacia 2050, el Plan enmarca el reto como evitar que la escasez energética y la dependencia de combustibles fósiles frenen el crecimiento económico y detonen conflictos sociales. Identifica como riesgos principales un suministro insuficiente de agua y energía ante el crecimiento urbano y la posibilidad de que la transición se bloquee si los costos de las renovables resultan inaccesibles para una parte amplia de la población. En ese horizonte, plantea metas ambiciosas de adopción de energías renovables y electrificación, por ejemplo que una parte significativa de viviendas e industria consuma electricidad proveniente de fuentes solares/renovables y que aumente de manera sustantiva el abastecimiento con renovables.
Para lograrlo, el Plan propone dos líneas estratégicas principales: impulsar generación y almacenamiento de energías alternativas a los combustibles fósiles (en proyectos de gran escala) para su adopción generalizada en transporte, viviendas, centros de trabajo e instituciones, y desarrollar la capacidad instalada de infraestructura (generación y transmisión) mediante coordinación interinstitucional, incluyendo la conectividad eléctrica de “última milla” en zonas industriales. En las proyecciones, además, se describe un escenario donde la oferta incorpora parques eólicos y solares a gran escala, se fortalece la red de transmisión y distribución y se reducen pérdidas/fugas de energía, como parte del paquete de condiciones para sostener el sistema hacia 2050.
La mesa coincidió con la dirección general del Plan, pero pidió ajustar el planteamiento para hacerlo más realista y más útil para política pública. En los objetivos de largo plazo, sugirieron evitar que el texto quede “amarrado” a una sola tecnología: proponen sustituir “energía solar” por energías renovables o limpias, precisar mejor los porcentajes y separar con claridad el componente de energía del de agua. También señalaron que metas de 100% para industria son técnicamente difíciles y que es preferible hablar de un mix energético, donde convivan varias fuentes y se consideren opciones de transición como gas, además de alternativas emergentes como hidrógeno verde, siempre revisando la factibilidad económica.
En lugar de fijar el debate solo en “cuánto porcentaje renovable”, propusieron reformular parte del enfoque hacia la reducción de emisiones y la medición de CO? equivalente, incorporando también el componente de energía térmica, porque el impacto real se observa en emisiones y en consumo energético total, no únicamente en electricidad. En soluciones concretas, destacaron oportunidades como recuperar energía de rellenos sanitarios y plantas de tratamiento, impulsar biogás/biometano, promover eficiencia energética, revisar la ruta de electromovilidad, y considerar instrumentos económicos como un impuesto al carbono para acelerar la adopción de tecnologías limpias, especialmente en industria.
Finalmente, sobre las estrategias, la mesa recomendó ajustar el lenguaje para enfocarlo en “energías limpias” y en la electrificación de actividades, evitando restringirse a parques eólicos/solares como única vía. Plantearon equilibrar proyectos de gran escala con generación en sitio (autoconsumo y distribuida), impulsar microrredes y almacenamiento, y abrir espacio para esquemas como agrovoltaica cuando sean viables, acompañados de inversión privada e incentivos basados en estudios de eficiencia energética. En infraestructura, sugirieron mantener la idea de coordinación interinstitucional, pero con una redacción más sintética y con mecanismos prácticos como plataformas de planeación de infraestructura y grupos de trabajo para alinear prioridades (transformación, distribución y transmisión) con necesidades de competitividad industrial.
