El Plan parte de un diagnóstico que combina avances con presiones crecientes. En biodiversidad, reporta que las áreas naturales protegidas han aumentado en las últimas décadas y que, para 2023, el estado cuenta con 16 áreas que suman 439,772 hectáreas, equivalentes a 38% de la superficie estatal, subrayando su relevancia para el equilibrio ambiental. En gestión de residuos, identifica una presión muy clara: la generación de residuos sólidos urbanos creció 66% entre 2010 y 2020 (de 1,200,430 kg a 1,900,530 kg promedio diarios), con incrementos especialmente fuertes en la zona conurbada, y observa un estancamiento relativo en separación en casa (entre 6 y 7 de cada 10 viviendas), aunque con una posición nacional competitiva; además, señala que existe infraestructura de disposición final (ocho rellenos sanitarios y un sitio controlado) con capacidad aproximada de 2,300 toneladas/día. En entorno urbano, el Plan indica que el promedio de áreas verdes urbanas es de 13.5 m² por persona, por debajo del estándar recomendado por ONU-Hábitat, lo que revela una brecha de bienestar ambiental en la ciudad.
En proyecciones hacia 2050, el Plan anticipa que estas presiones aumentarán con el crecimiento poblacional y la actividad humana: la generación de residuos podría llegar a alrededor de 2,533,866 kg promedio diarios en el escenario base, y las emisiones anuales podrían subir hacia 17.4 TgCO2e, reflejando un impacto ambiental mayor si no cambian los patrones de producción y consumo. En riesgos futuros, el Plan advierte tres tensiones principales: deterioro de flora y fauna por el modelo de desarrollo urbano y rural, catástrofes naturales y crisis ambientales que afectan calidad de vida y factores de producción, y la persistencia de una cultura de desperdicio con residuos no reciclables que agrava impactos, reduce disponibilidad de espacios para disposición final y genera problemas de higiene.
Como metas de largo plazo, el Plan propone consolidar un porcentaje alto del territorio como áreas naturales protegidas en equilibrio ecológico, fortalecer la separación de residuos en viviendas y centros de trabajo, y reducir de forma significativa la generación de residuos per cápita. Para avanzar, plantea grandes estrategias centradas en la conservación y renaturalización (con énfasis en Sierra Gorda, pero con vocación estatal), en consolidar una cultura de economía circular para extender el ciclo de vida de productos y reducir residuos, y en desarrollar infraestructura verde (cinturones verdes, captación de lluvia, vegetación en tejados y suelos, soluciones que mitiguen calor e inundaciones y protejan flora y fauna), conectando la agenda ambiental con ordenamiento territorial e infraestructura.
En la mesa, el punto de partida fue que varias metas requieren ajustes para ser implementables y medibles. En residuos, se sugirió reconsiderar el reto de separación, dividirlo por etapas y alinearlo con la nueva legislación, porque separar en casa pierde sentido si la recolección y los tiraderos no operan con una lógica de recuperación; la recomendación fue pasar del “separa” al “reintegra”, es decir, construir un sistema que realmente recupere materiales y los reincorpore a la economía, con infraestructura y gestión clara dentro de clústeres habitacionales y con definición de responsabilidades institucionales. También se propuso ajustar el lenguaje de “emisión” a “generación” de residuos y poner atención especial a la fracción orgánica y al desperdicio de alimentos.
En áreas naturales protegidas, la mesa propuso no quedarnos solo con un porcentaje: planteó complementar la meta con indicadores que garanticen los servicios ambientales y, sobre todo, con seguimiento real (planes de manejo, gobernanza y monitoreo). Señalaron que la conservación no puede pensarse únicamente como prohibición; debe integrarse con actividades productivas compatibles (por ejemplo, agroforestales), regulación del crecimiento urbano en zonas ambientalmente valiosas y mecanismos que hagan visible el valor de los servicios ecosistémicos, incluso con esquemas de monetización cuando sea pertinente.
Sobre las grandes estrategias, recomendaron ampliar el foco para incluir todas las áreas con potencial de conservación, cuidar conceptos (por ejemplo, evitar la idea de “aumentar” biodiversidad y enfocarse en conservar y evitar pérdida de especies), y crear una instancia que defina qué medir, dónde estamos y hacia dónde se avanza, con capacidad regulatoria y preventiva. En economía circular, insistieron en que no basta con promover cultura: se requiere información accesible, capacidades en todos los sectores, infraestructura (por ejemplo, una red de plantas de compostaje, iniciando con pilotos) y marcos normativos alineados entre niveles de gobierno, además de mecanismos de participación ciudadana efectiva que hagan medibles los resultados.
