El Plan coloca al desarrollo agropecuario en el centro de tres presiones de largo plazo: cambio climático, presión hídrica y expansión urbana. En su diagnóstico, subraya que la disponibilidad de agua renovable per cápita es crítica (posición 25 a nivel nacional) y que, dentro de los volúmenes de agua concesionados, el sector agrícola concentra el mayor consumo (63%), seguido por el uso urbano, lo que anticipa tensiones crecientes sobre acuíferos y calidad del agua superficial. En la visión de futuro, el Plan advierte riesgos claros: el estrés térmico e hídrico puede reducir la producción y alterar patrones de precipitación; la urbanización desordenada puede ocupar tierras productivas y afectar recargas; la falta de relevo generacional y la baja rentabilidad del campo pueden aumentar la dependencia del abasto externo; y el uso excesivo o ilegal del agua, junto con sistemas de riego ineficientes, puede agotar pozos, contaminar el recurso y limitar el desarrollo social y económico.
Como horizonte, el Plan plantea proteger el suelo con aptitud productiva y ordenar el territorio para evitar que las tierras agroalimentarias pierdan su función, al tiempo que busca fortalecer un sector que hoy representa una proporción reducida del PIB estatal y posicionar cadenas con potencial (como la vitivinicultura). Para avanzar, propone grandes líneas centradas en adoptar prácticas y tecnologías agrícolas sustentables, ordenar los usos de suelo a escala de parcela para conservar terrenos con aptitud agropecuaria/forestal y zonas de recarga de acuíferos, desarrollar capacidades productivas con énfasis en tecnificación (riego por goteo, invernaderos, agricultura y ganadería regenerativas), e impulsar una logística basada en centros de acopio y distribución que privilegie productos queretanos, además de fortalecer el abasto de alimentos frescos en el estado.
En la mesa, el punto de acuerdo fue que el reto de proteger el suelo productivo es esencial, pero requiere un lenguaje y herramientas que lo vuelvan operativo frente a la presión inmobiliaria e industrial: se insistió en que no se trata de resignarse a perder superficie, sino de rescatarla y acompañarlo con medidas de ordenamiento y riego que aumenten la eficiencia del agua. También se cuestionó medir el peso del sector solo con el porcentaje del PIB, porque esa métrica puede ser engañosa cuando otros sectores crecen más rápido y cuando el verdadero impacto ocurre a través de cadenas de valor; se propuso medir productividad y aportación transversal del sector, especialmente bajo la limitante principal del estado: el agua (rendimiento por hectárea y por metro cúbico).
Sobre la vitivinicultura, la mesa sugirió elevar la ambición para competir a escala nacional, y al mismo tiempo usarla como modelo de desarrollo rural si se construyen cadenas de valor que generen empleo local y faciliten que productores rurales participen (por ejemplo, integrándose a la proveeduría), con una estrategia pública–privada y claridad sobre viabilidad hídrica e inversión.
En cuanto a las estrategias, las recomendaciones se enfocaron en precisión y continuidad. Para prácticas sustentables, se propuso reemplazar términos técnicos por formulaciones más claras (hablar de impacto positivo) y evitar frases redundantes. En ordenamiento territorial, se sugirió convertir la reforestación y restauración de zonas de recarga en un componente más fuerte (incluso como reto con porcentajes realistas) y explorar esquemas financieros como contribuciones para servicios ambientales e inversión de largo plazo. En capacitación y tecnificación, insistieron en que el problema no es solo “enseñar”, sino sostener procesos: continuidad de apoyos y asistencia técnica para evitar abandono, adopción de tecnologías eficientes de riego, formación en gestión de unidades de producción y condiciones para relevo generacional, incluyendo conectividad y capacitación en línea orientada a negocio. Finalmente, respecto al abasto, pidieron evitar delimitar por regiones rígidas e incluir otras zonas como Sierra Gorda; propusieron ampliar a “zonas naturales de producción” y acompañar la visión con indicadores simples de soberanía alimentaria (cuánto se produce vs. cuánto se consume) y con una apuesta por proveeduría local.
