El Plan presenta a Querétaro con un desempeño educativo generalmente favorable, pero con señales recientes que obligan a reforzar la permanencia y conclusión de estudios, especialmente en las regiones con mayores desigualdades; de hecho, se observa un ligero retroceso en el rezago educativo entre 2016 y 2022. En términos de escolaridad, el estado ha mejorado de manera importante en las últimas décadas: la escolaridad promedio de la población de 15 años y más pasó de 7.7 años (2000) a 10.5 (2020), ubicándose entre los primeros lugares nacionales. Al mismo tiempo, el crecimiento de la matrícula ha sido fuerte, con un aumento particularmente acelerado en media superior y superior (más de cuatro veces el crecimiento observado en niveles inferiores), lo que implica que la capacidad del sistema —infraestructura, docentes y gestión— debe expandirse de forma sostenida.
En cobertura, el Plan reporta avances con contrastes: en el ciclo 2021–2022 la cobertura en nivel básico es alta, mientras que en media superior y superior se observan márgenes que todavía pueden crecer; además, el Plan identifica como riesgo específico hacia el futuro el incremento de la deserción por condiciones económicas que empujan a jóvenes a incorporarse al trabajo sin concluir estudios. Con esta base, el horizonte de largo plazo apunta a sostener un liderazgo en retención escolar y elevar el grado de escolaridad de la población a partir de la adolescencia, apoyándose en dos grandes líneas: alinear la educación a vocaciones de futuro y al sector productivo con calidad e infraestructura suficiente y accesible, sin dejar atrás a la sierra y a poblaciones indígenas y fortaleciendo alianzas con el sector privado; y fortalecer el desarrollo del personal docente para atender al alumnado con una formación integral que incorpore educación cívica, ambiental y de salud, contribuya a movilidad social y reduzca deserción.
En la mesa, la recomendación principal fue volver el objetivo más claro y medible: se sugirió ajustar la redacción para evitar ambigüedades (por ejemplo, precisar a qué se refiere “mayor a 12 años”), sustituir expresiones generales como “ser líder” por metas cuantificables y retar al estado contra sus propios objetivos más que contra promedios nacionales; además, se pidió poner atención explícita al rezago educativo desigual entre municipios y reconocer condiciones distintas por región.
Sobre la estrategia de alineación educativa, la mesa propuso ampliar el enfoque más allá de infraestructura e incluir con claridad la calidad y las competencias para el mediano y largo plazo, integrando inclusión de poblaciones indígenas, atención a personas con discapacidad y una educación más incluyente en general. También señalaron un punto operativo crítico: la mayor presión y falta de capacidad se encuentra en el nivel de media superior, por lo que el Plan debería reflejar con más fuerza la expansión y el aseguramiento de calidad en ese tramo.
En cuanto al desarrollo docente, se recomendó pasar de “actualización” a capacidades verificables: formación y certificación, acreditación por niveles, detección y desarrollo de talento docente, y condiciones laborales que den estabilidad y herramientas para desempeñar la función, tanto en educación pública como privada. Además, se insistió en una visión integral donde la responsabilidad educativa no recaiga solo en docentes, incorporando corresponsabilidad de familias, empresas y educación superior, y considerando modalidades como educación dual, así como componentes formativos como arte y cultura y preparación para atender situaciones críticas entre el alumnado.
